Fundacion PabloVI
Banca y bien común: una reflexión a partir de los documentos magisteriales
Monday, September 7, 2026Reproducimos, a continuación, una síntesis de las conclusiones del TFM del Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI, presentado por Jonathan Malagón González, alumno del curso 2025-2026. Este trabajo reflexiona sobre los vínculos entre el sistema financiero, el bien común y de la sostenibilidad ambiental a la luz de los documentos magisteriales, así como criterios que ofrece la doctrina social de la Iglesia para orientar la acción financiera frente a la crisis climática. ¿Qué ocurre cuando el ahorro de una persona se convierte en un crédito para otra? Mucho más que una menuda transacción financiera. Se hace posible, a través de este mecanismo, la compra de una vivienda, la consolidación de un proyecto productivo o la educación de nuestros hijos. Vista a escala global, esa capacidad resulta monumental. Los bancos del mundo administran activos del orden de 191 billones de dólares, cifra que representa 1.5 veces el PIB mundial y 110 veces el tamaño de una economía como la de España. Este colosal volumen de recursos lleva embebido una serie de decisiones que marcan el futuro de nuestra casa común. Vía crédito se define qué actividades pueden crecer más rápido, qué oportunidades estarán al alcance de las nuevas generaciones y qué riesgos está dispuesta a asumir una sociedad. La forma en que esos recursos se administran y se orientan sentencia, en últimas, el modelo de desarrollo que construimos y la forma en la que vivimos. Esa intuición dio origen a mi trabajo en el Máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI. Quise estudiar las coincidencias entre el sistema financiero, el bien común y de la sostenibilidad ambiental a la luz de los documentos magisteriales, así como criterios que ofrece la doctrina social de la Iglesia para orientar la acción financiera frente a la crisis climática. La investigación fue dirigida por el profesor José Ramón Amor Pan, a quien agradezco la orientación y la retroalimentación que me ayudaron a darle profundidad, rigor y forma. La pregunta se hace imperiosa ante la dimensión del desafío que enfrentamos como generación. En los últimos 25 años, la temperatura del planeta se ha incrementado en cerca de 0,7 °C, un calentamiento que previamente tomó 250 años en producirse. En solo doce meses, los desastres naturales provocaron el desplazamiento de más de 45 millones de personas y los diez eventos climáticos más devastadores dejaron pérdidas cercanas a 229.000 millones de dólares, cifra que hubiera sido suficiente para financiar casi 4 millones de viviendas de interés social en América Latina. Lo cierto es que, aunque la financiación climática mundial para hacer frente a estos desafíos ha alcanzado máximos históricos, todavía cubre apenas la cuarta parte de los recursos necesarios para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. El sistema financiero no puede cerrar por sí solo una brecha de esa magnitud. Tampoco será posible cerrarla sin su capacidad para movilizar el ahorro, valorar los riesgos y financiar inversiones de largo plazo. La banca ocupa así un lugar central en la transición, no porque deba reemplazar a los gobiernos o a las empresas, sino porque muchas de las transformaciones que el mundo necesita requieren crédito e inversión. Esta reflexión también se desprende de mi trabajo en el sector financiero de Colombia. El conocimiento de la industria financiera permite comprender la capacidad transformadora del crédito y la complejidad de las decisiones que lo hacen posible. La banca debe proteger el ahorro, cumplir una regulación prudencial y responder ante depositantes, clientes, accionistas y autoridades. Por eso, la reflexión ética no sustituye el análisis financiero. Su aporte consiste en orientar el propósito de las decisiones y reconocer sus efectos sobre la sociedad. ¿Qué puede, entonces, aportar la Iglesia a esta conversación? Más de lo que suele suponerse. Desde Vix pervenit y Rerum novarum hasta Laudato si’, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones y Laudate Deum, la tradición social católica ha recordado que la economía y las finanzas deben estar al servicio de la persona y del bien común. No ofrece fórmulas para calcular una tasa de interés o aprobar un crédito, pero sí criterios para discernir. Dichos criterios, a su vez, se fundamentan en principios de la DSI y de los documentos magisteriales: solidaridad, bien común, dignidad de la persona, subsidiariedad, destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres. Antes de presentarlos, conviene destacar lo que ya ha ocurrido en Colombia. La banca empezó a construir una agenda ambiental antes de que existieran muchas de las reglas que hoy ordenan este campo. El Protocolo Verde se firmó en 2012 como un acuerdo voluntario entre el Gobierno y el sector financiero. Después llegaron el Protocolo Social, los Objetivos de Finanzas Sostenibles y herramientas comunes para medir las emisiones asociadas al crédito. También se desarrolló una taxonomía verde, mientras logró ser el primer país de América Latina en emitir un bono verde soberano denominado en moneda local. En los últimos años se han impulsado instrumentos pioneros en la región para movilizar recursos hacia la biodiversidad y la adaptación climática, dos campos que durante mucho tiempo recibieron menos atención que la reducción de emisiones. Esa trayectoria ya se refleja en los resultados. La cartera verde pasó de representar menos de medio punto porcentual del crédito en 2017 a superar el 4% en 2025, cuando alcanzó 31,6 billones de pesos. El sector se ha propuesto elevar aún más esta participación. Las capacidades construidas también permitieron articular una alianza durante la emergencia climática de Colombia en el presente año, con alivios y alternativas de financiación para los territorios afectados. A nivel de gobernanza, se estableció el primer protocolo de autorregulación para certificación en principios ASG para miembros de juntas directivas en el sector financiero, de la mano de IFC. Por todo este trabajo de las entidades financieras, la Asociación de Bancos de Colombia ha sido escogida publicaciones internacionales como uno
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